Opinión

Desde la constitución del Consistorio de Cambrils tras la Municipales de 2007, el grupo popular se ha mantenido firme en su posición de intentar restringir en la medida de lo posible la ampliación de personal. En la actualidad, y contando con las próximas incorporaciones previstas por el gobierno tripartito, Cambrils dispondrá de una plantilla de alrededor de 500 personas. Y ello sin contar el personal que se ha adscrito o se contratará para dotar a las empresas mixtas o municipales a las que los socialistas son tan proclives.

En las últimas semanas han ido apareciendo en la prensa algunas cuestiones que no hacen sino confirmar que la tendencia observada en Cambrils es general en Catalunya. A modo de resumen, citaremos algunos casos detectados.

Hay que tener en cuenta, además, que la gran mayoría de las competencias transferidas por el Estado ya eran gestionadas por la Generalitat en 2003, por lo que ni siquiera dotar de personal a los nuevos departamentos justificaría tal incremento en las plantillas.

En nuestra población, la creación de las macro-áreas y la imposición de coordinadores, en su gran mayoría cargos de confianza, no han hecho sino aumentar innecesariamente los gastos de personal. Además, el re-direccionamiento de las prestaciones públicas de servicios hacia empresas externas no ha significado una contención en las contrataciones. Tampoco una mejora en la calidad de la prestación de dichos servicios, debemos añadir.

Pero siguiendo en el ámbito general, sorprende que pese a tal incremento de personal se siga encargando a agentes externos una ingente cantidad de informes y estudios técnicos. La única deducción posible es que los departamentos jurídicos y técnicos de la Generalitat no son competentes en el ejercicio de sus labores; en caso contrario... ¿por qué es necesario encargar tanta documentación externa? Y este argumento, aplicado al extremo, suscita una pregunta: ¿por qué no se cesa de inmediato a los responsables?

Según publica ABC, durante 2007 se encargaron 1.538 trabajos técnicos a personas ajenas a la Administración pero vinculadas a ella, tales como ex diputados, asesores y antiguos cargos, todos ellos vinculados a PSC, ICV y ERC. Cabe recordar en este punto la polémica que se suscitó cuando se hizo público que la mujer de Josep Bargalló, número dos de la Generalitat a la sazón, cobró 1.620 euros por un informe sobre política de género. Algunos de dichos informes no tienen desperdicio y acompañan a aquel famoso informe sobre el “grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa”:

Seguimiento de la concha brillante: 27.956 €
Evaluación de la población del pescado azul: 140.000 €
Estudio sobre el efecto de diversas formas de cocinar sobre los contaminantes presentes en los alimentos: 310.000 €
Informe sobre la colocación de libros en las librerías públicas: 24.000 €
Argumentos para el fomento de los juguetes no sexistas: 11.948 €
Estudio sobre la Diada de Catalunya (2ª parte): 7.500 €
Informe sobre la viabilidad de una escuela de capacitación agraria ecuestre en Caldes de Montbuí (Barcelona): 29.881 €
Estudio sobre los equipamientos culturales en la zona transfronteriza: 2.750 €
Expediente sobre la calificación de la iglesia de Santa María de Almenar como bien cultural: 11.900 €
Estudio sobre el cultivo de la chufa: 11.965 €
Estudio sobre el murciélago Nana: 2.328 €
Estudio sobre la prevención de caídas de pacientes ingresados: 82.000 €

Hay que recordar que ya en 1995 se destapaba un caso (el famoso caso Turisme) que implicaba a un ex-conseller de trabajo de la Generalitat por el encargo y pago de cuatro informes con un coste unitario de un millón de las antiguas pesetas. De ellos tres nunca aparecieron y el otro resultó ser “un burdo plagio”. El caso conllevó la imputación de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Sin la intención de ser exhaustivos, y a título meramente ilustrativo, algunos de los favorecidos por esta política de “generación de informes” son Bet Font, ex parlamentaria y número 5 de la lista socialista en las pasadas elecciones generales; Enric Pujol Casademont, número cinco de Esquerra por Girona en las últimas autonómicas; Joaquim Tornos, ex Presidente del Consell Consultiu de la Generalitat; Elisabet Comín, militante del PSC y Lourdes Peruchet, entre otros. Un dato realmente sintomático es que el departamento de Educación es el que ha solicitado menos informes, con un importe de 73.922 €, mientras que el de Vicepresidencia se ha gastado 97.544 €; Agricultura 5,6 millones de euros y Salud 5,45 millones de euros.

Pero si la cuestión de los informes es controvertida, no lo es menos la política de subvenciones de la Generalitat. Hay que encuadrar en el contexto actual estas subvenciones y recordar que Barcelona sufre una sequía porque no se ha invertido en infraestructuras (clama al cielo saber que “dos cañerías pierden 800.000 litros de agua al día junto a oficinas de Aguas de Barcelona”), o comparar el número de kilómetros de carretera o metro construidos por la Comunidad Autónoma de Madrid frente a los de la Generalitat.

100.000 euros al Centro cultural catalán Casal Jaume I de Perpignan para rehabilitar y condicionar su sede social.
1.100.000 euros a Obra Cultural balear para promocionar la lengua catalana.
120.000 euros para Acción cultural del País Valenciano.
50.000 euros para la fundación Francesc de Eiximenis.
40.000 euros para la asociación Jóvenes de Mallorca por la lengua.
31.000 euros para la Institución Cultural de la Franja.

Y obviamos otras, como la otorgada a Omnium Cultural para boicotear los productos no etiquetados en catalán, entre otras cosas. Y sin embargo no hay dinero para arrancar la Ley de Dependencia, la educación catalana está a la cola de España (y de Europa), y las colas en la Sanidad no hacen sino aumentar. Y, a mayor gloria del Sr. Carod Rovira, se abren oficinas “diplomáticas” en el extranjero.