Montilla en el país de las maravillas

Si hay un culebrón capaz de mantener un supuesto interés general en la vida política catalana durante este verano, ese es el de la financiación prevista en el Estatut. Los enfrentamientos verbales arrecian, siendo el último hasta el momento la acusación de la vicepresidenta De la Vega a Montilla de cometer “excesos verbales”. La Junta de Andalucía no se queda atrás y califica la actitud del President de la Generalitat de “infantil”.

La principal acusación del stablishment político catalán es que se han incumplido los plazos que marcaba el Estatut para alcanzar un acuerdo. Realmente resulta increíble pensar que hay quien puede pretender obligar a otro mediante un pacto unilateral a alcanzar un acuerdo en un plazo concreto. Es como si un contribuyente declarara en escritura pública que pretende modificar el porcentaje que paga en concepto de impuesto obligando a Hacienda a alcanzar un acuerdo.

Estamos alcanzo un grado de paroxismo y exaltación nacionalista que está creando una realidad alternativa virtual, pretendiendo que las Comunidades Autónomas sean lo que no son, siendo los casos de Cataluña y País Vasco los más evidentes, seguidos de cerca por gallegos y baleares, cuyos partidos extremistas están institucionalizando la virtualidad. En realidad, lo más lamentable es pensar que avivar los enfrentamientos por cuestiones económicas entre regiones puede resultar rentable electoralmente. Pero por mucho que se empeñen Montilla o Ibarretxe, ni Cataluña ni el País Vasco son independientes y se deben al interés general de España.

Dicho esto cabe matizar que la solidaridad es un criterio que debe aplicarse con mesura y ecuanimidad para evitar caer en excesos; también hay que decir que publicar las balanzas fiscales ha sido una desafortunada idea que poco ha clarificado la situación, pues se centra en un solo aspecto de la ecuación macroeconómica y no contempla los beneficios que el desarrollo de las zonas menos favorecidas ha provocado en los incrementos de consumo de bienes producidos principalmente en aquellas zonas tradicionalmente prósperas. Y he aquí el principal problema, pues parece que la Generalitat no defiende al empresariado catalán sino sus propios intereses. El incremento de recursos pretende dotar al tripartito de nuevas partidas para dilapidar en un incremento desmesurado de altos cargos, consejeros, delegaciones pseudo-consulares y demás desvaríos. Unos desvaríos que, por otro lado, han provocado que Cataluña no deje de perder posiciones entre las Comunidades españolas no por resultar agredida económicamente sino por ocultar tras un victimismo patológico los desmanes de una clase política que pretende la auto-perpetuación de sus fieles vía colocación ad-hoc, utilizando para ello los recursos más ruines: el fomento del odio y las diferencias entre iguales, el sometimiento de los medios públicos mediante subvenciones más o menos encubiertas y el uso de instituciones y figuras legales para perseguir fines anticonstitucionales (siendo el referéndum –"consulta popular de carácter no vinculante”- Ibarretxe el caso más flagrante).

Otros artículos de opinión:

HISTORIAL: